Loa Anarquistas Expropiadores (24 page)

Los más consecuentes marcharon en 1936 a la guerra civil española, entre ellos Aldo Aguzzi quien, en 1939, a través de Marsella pudo regresar a la Argentina. Allí, en Buenos Aires se suicidó el 31 de mayo de 1939.

El suicidio de Aldo Aguzzi se puede tomar como símbolo del fin definitivo del anarquismo italiano militante en la Argentina. En esos días llegaba otra ola de emigración política: los españoles vencidos por el fascismo franquista.

Hemos tomado dos periodos claves de la influencia italiana en el anarquismo argentino. Evidentemente, los italianos que actuaron en el periodo de las décadas del veinte y del treinta fueron muy diferentes a los que ayudaron a formar ideológicamente nuestro movimiento obrero. Los antifascistas llegaron al Plata precisamente a eso, a continuar la lucha antifascista. No se integraron, salvo esporádicamente, a las luchas del pueblo trabajador argentino. No hubo ningún Gori ni ningún Malatesta, quienes también vinieron como exiliados, pero que se dedicaron a organizar, enseñar, a participar de las luchas. Estos encontraron un anarquismo que surgía; los antifascistas un anarquismo que decaía. Los primeros facilitaron su ascenso, los segundos ayudaron a su decadencia.

Actualmente el anarquismo argentino es sólo un recuerdo, una tradición, una línea histórica —tal vez la más pura en luchas y sacrificios del movimiento obrero. Pero si bien la ideología quedó atrás, el movimiento obrero que nació con ella y después marchó por otros rumbos, sigue inalterable. Ninguna de las dictaduras militares ha podido destruirlo. La conciencia de los derechos obreros sigue permanente.

Ese tal vez es el mérito de los Malatesta, los Gori, de los inmigrantes italianos y españoles y de otras nacionalidades que llegaron al nuevo suelo y dedicaron todas sus horas libres y hasta sus vidas enteras a la politización del proletariado que se iba formando. El recuerdo de ese mérito es el homenaje a todos aquellos que fueron expulsados por leyes represivas, o fueron asesinados o sufrieron cárceles por sus ideas.

Un lugar común de nuestros políticos demagogos es repetir todos los años en el Día del Inmigrante que esos extranjeros vinieron a “hacer patria con el martillo y con el arado”. Se olvida casi siempre a los que nos trajeron ideales de redención y nos enseñaron a pronunciar por primera vez la palabra solidaridad, tan valiosa como el vocablo libertad, del que habla nuestro himno nacional y que, en la Argentina actual, no es nada más que una dolorosa ironía.

El 23 de agosto de 1940 Buenos Aires sufrió un impacto emocional. El diario “Crítica” alcanzo ese día una tirada record. ¿Qué había ocurrido? Un político, un diputado nacional, se había quitado la vida. El hecho se comentaba en los concurridos cafés de avenida de Mayo, en los alrededores del congreso y llegaba hasta los barrios alejados del centro, casi siempre impermeables a la política, pero que esta vez había sido sacudidos por la raíz sentimental de este suicidio

“La Prensa” trajo la noticia casi con vergüenza, apenas 6 líneas de cuerpo 7. “Falleció el diputado nacional Víctor Juan Guillot”. “La Nación” fue un poco más amplia e informar que el legislador se “había quitado la vida”. Agregaba que la esposa del ex legislador, Laura Alcira Monzón de Guillot, se había negado a que velaran a su esposo en el Congreso. Por El velatorio —realizado en el domicilio de la familia Guillot, Cangallo 2630— desfiló una interminable fila de políticos radicales. El silencio, con mucha preocupación en los rostros. Afuera se había reunido el vecindario, que rumoreaba sordamente cuando veía entrar a algún dirigente político.

—A Guillot lo llevaron al suicidio. La culpa la tiene los políticos. En el asunto de El Palomar están metidos todos… y los platos rotos los paga Guillot, el que menos tuvo que ver con el asunto.

EL PALOMAR. Esas eran las palabras que tenían preocupado a todo el país en el año difícil de 1940, justamente cuando los alemanes victoriosos en Francia, lanzaban la brutal “blitzkrieg” aérea contra la capital de Inglaterra, Londres.

El argentino medio asistió atónito en agosto de ese año a la investigación del “affaire” de las tierras de El Palomar, donde aparentemente estaban emporcados desde el presidente de la Nación hasta conocidos diputados radicales y conservadores, pasando por el ministro de guerra y otro general de la Nación. Todo esto con un presidente, el doctor Roberto M Ortiz, enfermo de muerte, casi ciego, que trataba de reivindicarse históricamente haciendo cumplir la ley Sáenz Peña, el respeto del sufragio, cosa que lo llevó al enfrentamiento con los conservadores, representados por el propio vicepresidente Castillo.

El 5 de julio de ese año, Ortiz delega a Castillo por consejo médico. La junta de facultativos le aconseja reposo absoluto. Pero no era con reposo absoluto que Ortiz se iba a reponer. La diabetes no se lo permitiría y será así que ya no regresará al poder. Pero antes debería afrontar las consecuencias del “affaire” que quizá haya tenido más resonancia en nuestra historia política. La investigación del mismo se desarrolla como una apasionante novela policial. Paso a paso van quedando al aire todos los hilos de la urdimbre del negociado. Caen personajes, y otros padres de la patria deben realizarse múltiples explicaciones para salir del paso. El pueblo es el gran espectador. El porteño se siente justificado en su sempiterno pesimismo: “son todos iguales” “no va a pasar nada”, “se van a cubrir entre todos”.

Pero no es así. Los hechos demuestran que no todos son iguales. Que hay hombres en el Senado que no se dejan intimidar por las presiones y que, a veces con apasionamiento, a veces con gran temor por las consecuencias, van haciendo luz en el asunto, caiga quien caiga.

En julio, y ya antes, todo el mundo habla del negociado de El Palomar, aunque a ciencia cierta nadie conoce los detalles. En los pasillos del congreso, En pasos Perdidos, en las asambleas partidarias, se habla en voz baja y todo misterioso. Los rumores exigen una investigación, ya no cabe otra instancia. ¿Pero quién le pone el cascabel al gato?

En el Senado de la Nación hay un personaje curioso. Es un viejito provinciano casi octogenario que ha asombrando a la Cámara Alta con sus discípulos mechados de frases altisonantes y de citas de Víctor Hugo y Gaspar Núñez de Arce. Los planteos del senador jujeño Benjamín Villafañe son temidos aun temidos por las personas más probas. Porque cuando comienza a hablar arrasa con todo. No queda títere con cabeza, y guay de quien quiera interrumpirlo. Será anatematizado. Tiene una voz francamente chillona y es sordo. Muchas veces recurre al instinto directo y, cuando su contrincante le va a responder, desconecta su aparato audífono y mira al techo. En la sesión del 16 de mayo, cuando se había terminado una discusión acalorada sobre el proyecto de Sánchez Sorondo acerca de la interpelación al ministro del Interior por la intervención de las provincias de Buenos Aires y Catamarca, el senador Villafañe, como un francotirador, saca de la manga una bomba y dice con voz monocorde que trae “algo que no se puede menos de calificar de horroroso”. Es la denuncia de las tierras de El Palomar, que se acaba de dar en un pasilla el periodista nacionalista José Luís Torres, de la revista “Ahora”. Y propone que sobre tablas se apruebe la formación de una comisión investigadora integrada por senadores de todas tendencias políticas. El vicepresidente Castillo ve enseguida la gran posibilidad la gran posibilidad política del proyecto. En la Cámara Alta nadie se opone. Es el arma secreta que poseerán los enemigos de Ortiz para hacerlo trastabillar y, al mismo tiempo, terminar con su programa de elecciones libres en todas las provincias.

Castillo sabe que sólo se necesita una investigación absoluta imparcial para que la verdad salga a luz. Y por eso designa a tres hombres de distintas tendencias, insospechados: Alfredo L. Palacios, socialista; Gilberto Suárez Lago, conservador de Mendoza; y Eduardo Laurencea, radical.

Villafañe, autor de un libro llamado “La chusmocracia”, ha dicho, para consternación de los que lo oyen, que el asunto de El Palomar “está afectada la dignidad del ejército”.

Comienza la investigación. El trabajo que se tomaron Palacios y Suárez Lago es increíble. Cuando se lee el voluminoso despacho con decenas de enterratorios parece mentira que en tan poco tiempo pudieran trabajar tanto y con tanta ecuanimidad.

El 25 de julio, Palacios, presidente de la comisión investigadora, anuncia la admisión del senador Laurancena a dicho organismo. Es reemplazado por González Iramaín. Es que ya la comisión ha comprobado la culpabilidad del ex diputado Aguirrezabala, pariente directo de Laurencena.

El 8 de agosto, ante un recinto que aguarda sus palabras, Palacios anuncia que ha llegado a su fin la investigación. “Ayer hemos firmado el despacho —dice— con gran amargura en el alma pero con convencimiento profundo de que servíamos lealmente al país”. Se aprueba que el despacho sea tratado en el sesión del 19 de ese mes. ¿Cómo es el negociado? En pocas palabras, éste fue el trámite: dos particulares, Jacinto Baldasarre Torres y Néstor Luís Casás, compraron 222 hectáreas en El Palomar a 65 centavos el metro cuadrado, y en el mismo momento de firmar las escrituras se la vendieron a la Nación a 1,10 pesos el metro. ¿Ganancia neta? Un millón de pesos limpio de polvo y paja. Alrededor de 2.000 millones de pesos ahora.

Pero para llegar a esa ganancia se han necesitado años de trabajos, múltiples entrevistas, gestiones inacabables y, por sobre todo, el soborno o, mejor dicho, exactamente, la “coima”.

Todo comienza en 1934 cuando las señoras María Antonia Pereyra Iraola de Herrera Vegas y María Luisa Pereyra Iraola de Herrera Vegas, propietarias de las 222 hectáreas en el Palomar, ofrecen el terreno al ministerio de Guerra a un peso el metro cuadrado. Las tasaciones, empero, de la Dirección General de Ingenieros del Ejército señalan que esos terrenos son anegadizos y de poca calidad, y fijan un precio máximo de 19 centavos por unidad métrica. Las propietarias hacen múltiples gestiones para que el ministerio cambie de opinión, pero éste se mantiene impertérrito: las tierras sólo cuestan 19 centavos el metro cuadrado.

Pasan tres años. El 24 de diciembre de 1937, las señoras de Herreras Vegas hacen saber al director general de Ingenieros, general Juan Bautista Molina, que retiran la oferta de venta.

Dos días antes, las propietarias habían firmado un contrato de compraventa de las tierras con el señor Néstor Luís Casás, a 65 centavos el metro cuadrado. Se da un plazo de 120 días para la firma de la escritura. Y ahora si comienza el trabajo febril de Casás a través de su apoderado, Jacinto Baldassarre Torres para volver al Estado esas tierras sin gastar un solo centavo y obteniendo una ganancia líquida da casi el cien por ciento.

Por eso, el primer paso de Baldassrre Torres es ir a verlo al ministro de Guerra, general Partiné. Por ello se hace presentar por el general Alonso Baldrich, muy amigo de Baldassarre Torres. Pretiné escucha a éste pero le dice que su ministerio no tiene dinero, que le interesa el terreno pera ensanchar las instalaciones del Colegio Militar y para unificar todo el acantonamiento de Campo de Mayo, pero que definitivamente su ministerios no disponía de fondos para realizar tal compra.

Y aquí, Baldassarre Torres le insinúa: “¿Y si el congreso vota una partida especial en el presupuesto del próximo ejercicio?” “Ah, entonces, encantado”, le responde Pretiñe.

Comenzará entonces Baldassarre Torres el trabajoso intento de que la comisión de presupuestos y Hacienda de la Cámara de Diputados aconseje la compra de tales terrenos por el “
precio de de un peso diez el metro cuadrado
”. Preside la comisión de diputados demócrata nacional por Mendoza Gregorio Raúl Godoy.

Las cosas se hacen hábilmente. Se llama al ministro Partiné y al general Juan Bautista Molina al seno de la comisión para preguntarle sus opiniones sobre la compra de los terrenos. Los dos jefes militares viendo la oportunidad de ensanchar las instalaciones de El Palomar, se pronuncian favorablemente y apoyan la compra.
Pero no se habla del precio.
Posteriormente, en otra reunión de la comisión se propone que el proyecto diga que se autoriza la compra pagando 1,10 pesos el metro cuadrado. Protestan los diputados Julio A Noble y Américo Ghioldi señalando que no se tenía porqué poner precio, ya que éste tendría que ser determinado por las tasaciones. Este inconveniente hace tambalear los planes de Baldassarre Torres, Juan Kaiser, que salva la situación: se pondrá que para la adquisición se fije un precio de “hasta 1,10 el metro cuadrado”.

La ley de presupuesto con el artículo de las tierras el 27 de enero de 1938; la promulga el P E el 8 de febrero. El general Juan Bautista Molina se dirige al ministro de Guerra, general Pretiñe, recordándole que existe autorización para comprar las tierras, y le acompaña un proyecto de decreto del PE por el que se ordena la formalización de la compra. Pero ahí el expediente e detiene. Para desgracia —o suerte del intermediario Balassarre Torres— cambia el gobierno. Ortiz sucede a Justo. Y el general Márquez toma su primera resolución como ministro. Es justamente una nota a Baldassarre en el sentido que debe acompañar los títulos de propiedad. Pero Baldassarre Torres en el sentido no puede acompañarles por que no los tiene. Sólo posee un boleto de compra-venta, vencido ya, en el que se traspasa la propiedad a nombre de Casás. Sin embargo, Baldassarre Torres no es hombre de amilanarse, y dos días después se dirige por nota a Máquez señalándole que acompaña los títulos de propiedad de las señoras de Herrera Vega y el boleto de compra-venta de éstas a Casás. Márquez, sin dilación, lo eleva al presidente Ortiz. Pero ¡oh inconveniente! Ortiz los rechaza y, por intermedio del jefe de la Casa Militar, coronel Carlos Celso, devuelve el expediente a Márquez señalándole que deberá acompañar los títulos definitivos que atestigüen que la propiedad es de Casás.

Aquí se produce un derrumbe moral en Baldassarre Torres. Porque para acompañar los títulos definitivos había que escriturar primero, y para escriturar había que pagarles a las señoras de Herrera Vega más de un millón de pesos. Y para esto ya no convenía el negocio. Porque, ¿quién le aseguraba a Baldassarre Torres que una vez adquiridas las tierras, y pagadas, el gobierno iba a comprar? ¿Invertir tanto dinero sin seguridad? ¿Y si después del pago el presidente de la nación no firmaba el decreto? No el negocio, para ser negocio, estaba en pagar a las señoras Herrera Vegas 65 centavos con el mismo momento que a él el gobierno le pagaba 1,10. Es decir, con la suma recibida del gobierno, sacar un poco más de mitad para las propietarias reales y el resto, ganancia liquida.